ABOGADA GIOCONDA CÁRDENAS


 

Informes y Consultas

01 3139028

SENTENCIA DE APOYO Y SALVAGUARDIA

Publicado el 10 de Enero del 2020


CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA OCTAVO JUZGADO DE FAMILIA

8° JUZGADO DE FAMILIA (EX 22°)

EXPEDIENTE       : 22784-2019-0-1801-JR-FC-36

MATERIA  : AUTORIZACION JUDICIAL

JUEZ   : OLIVA DIAZ LEIDI YANINA

ESPECIALISTA    : CERRON BARRETO MARIELA ISABEL

DEMANDANTE     : SOLIS RIMAC, MONICA CARMEN 
 
 
                                            SENTENCIA 
 

 
Resolución Nro.  TRES LIMA, SIETE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.---------------------- 
 
VISTOS, dado cuenta con la presente causa para sentenciar. Resulta de autos que por escrito (fs. 21-25), Mónica Carmen Solís Rímac interpone demanda de Designación de Apoyo y Designación de Salvaguardia, solicitando se designe como apoyo y salvaguardia de su madre, la señora Carmen Antonia Rímac Molina. 
 
I. FUNDAMENTOS DE HECHO DE LA DEMANDA 
La parte demandante sostiene principalmente:  
1.1.- Es hija de doña Carmen Antonia Rímac Molina y don Víctor Teodosio Solís Alva, conforme acredito con mi partida de nacimiento adjunta en autos. 
1.2.- Mi padre don Víctor Teodosio Solís Alva falleció el 23 de marzo de 2013, dejando viuda a doña Carmen Antonia Rímac Molina. 
1.3.- Mi madre sufre de una discapacidad total y permanente tal como acredito con el Certificado Médico N° 1774267 de fecha 22 de agosto de 2019, en la cual se le ha diagnosticado Trastorno Demencial, razón por la cual solicito se me designe como apoyo y salvaguardia de mi señora madre Carmen Antonia Rímac Molina, a fin de procurarle las medidas legales que le aseguren su representación civil y satisfacción de sus necesidades vitales y de asistencia médica, por cuanto no se encuentra en la capacidad de tomar decisiones sobre asuntos familiares, personales y notariales.  
1.4.- Mi madre es una persona jubilada que recibe una pensión  ascendente a la suma de S/. 1807.92 mensuales, con los que se cubre algunas de sus necesidades básicas, las demás necesidades de alimentación, salud, vestimenta, recreación, entre otros cuidados los cuales son cubiertos con la recurrente y mi hermana Rocío Liliana Solís Rímac. 
1.5.- Que mejor que su hija pueda procurarle las atenciones y cuidados necesarios para una persona de edad. 
 
II. SÍNTESIS DE ACTOS PROCESALES. 
2.1. Mediante resolución 01 de fecha 24 de setiembre de 2019 (fs. 27-28), se resuelve admitir a trámite la presente solicitud sobre designación de apoyo y salvaguardas, citándose a la audiencia de Actuación y Declaración Judicial. 
2.2. La audiencia de Actuación y Declaración Judicial se verificó conforme al acta de 07 de enero de 2020 (fs.32-36); se admitieron los medios probatorios y se concluye las actuaciones procesales, se ordena poner el expediente a despacho para sentenciar y puesto en despacho, ha llegado el momento de expedir sentencia y;       
 
III. CONSIDERANDOS.-  
PRIMERO: DE LA TUTELA JURISDICCIONAL.-  
Toda persona tiene derecho a la tutela judicial efectiva con sujeción a un debido proceso, norma prevista en el inciso tercero del artículo 139 de la Constitución Política del Estado y procesalmente expresado en el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil – norma de aplicación supletoria - y artículo VII de la Ley Orgánica del Poder Judicial.  
 
SEGUNDO: VALORACIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS.-  “Los medios probatorios deben ser valorados en forma conjunta y merituados en forma razonada, pero no implica que el juzgador, al momento de emitir sentencia, debe señalar la valoración otorgada a cada prueba actuada, sino únicamente lo hará respecto a los medios probatorios que de forma esencial y determinada han condicionado su decisión”1. De igual manera, los medios probatorios tienen como finalidad producir certeza en el Juez respecto de los puntos controvertidos. Ellos deben ser valorados por el Juzgador en forma conjunta, utilizando su apreciación razonada (…)2. 
 
TERCERO: MARCO NORMATIVO.-  1. El 13 de diciembre de 2006, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, ratificados ambos por el Estado Peruano, mediante Decreto Supremo 073-2007-RE, publicado el 31 de diciembre de 
                                                 1 El Peruano 15/10/98, p. 1927, Sala Civil de la Corte Suprema - Lima, Exp. 656-97.  2 LEDESMA NARVAÉZ, Marianella. Comentarios al Código Procesal Civil. 2009 – 2° Edición – GACETA JURÍDICA. 
2007. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad3, constituyen instrumento de derechos humanos con una dimensión explícita de desarrollo social, el cual reafirma que todas las personas con discapacidad deben gozar de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, haciendo con ello frente a las estructuras asimétricas de poder, en las que se han vulnerado esos derechos. Para garantizar su protección, en el artículo 12° de la acotada Convención, se estableció que los Estados Partes adoptarán todas las medidas necesarias (legislativas, administrativas y de otra índole), para asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación, dentro de las cuales se encuentra el reconocimiento de la personalidad y la capacidad jurídica, en igualdad de condiciones, proporcionándose los apoyos y salvaguardias en caso de ser necesario, para el ejercicio de dicha capacidad. 
 
2.- Debemos puntualizar que la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad, y su Protocolo Facultativo Naciones Unidas4, ha establecido como propósito en su artículo 1: “…promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente. Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.”; 
 
3.- que, es por ello precisamente, que se desarrolla en el artículo 12 del Tratado, la igualdad en el reconocimiento como persona ante la ley, en el sentido que: 1.- Los Estados Partes reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica;  2.- Los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida; 3.- Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica; 4.- Los Estados Partes asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos. Esas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos, por parte de una autoridad o un órgano judicial competente, independiente e imparcial. Las salvaguardias serán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de las personas;  
                                                 3 La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue aprobada por los Estados Partes el 13 de diciembre del año 2006 y firmada por el Perú el 30 de marzo del año dos mil siete, siendo ratificada el treinta de enero del año dos mil ocho 4Resolución Legislativa N°29127 “Resolución Legislativa que aprueba la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su protocolo facultativo” suscrita el 30 de marzo de 2007 (30/10/2007) 
5.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados partes tomarán todas las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a ser propietarias y heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero, y velarán por que las personas con discapacidad no sean privadas de sus bienes de manera arbitraria.“ 
 
4.- Ante ello, teniendo el Estado Peruano la obligación de hacer frente a los obstáculos creados por la falta de conciencia del propio Estado y de la sociedad, hacia la diferencia que representa la discapacidad, y con el fin de promover y garantizar el pleno respeto de la dignidad y la igualdad de derechos de todas las personas, como primera medida para alinearse con los preceptos establecidos en la Convención, promulgó la Ley General de la Persona con discapacidad (Ley Nº 29973), que entró en vigencia con fecha 25 de diciembre de 2012, para luego aprobar su Reglamento con fecha 07 de abril de 2014. Respecto a la Ley es preciso resaltar el artículo 2°, ya que en éste define a las personas con discapacidad como: “aquellas que tienen una o más 
deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente que, al 
interactuar con diversas barreras actitudinales y del entorno, no ejerza o pueda verse impedida en 
el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad con los demás”, Lo que no conlleva a que dejen de ser sujetos de derecho, pues la capacidad de goce y de ejercicio se mantiene incólume como en toda persona humana; así también es de acotar su numeral 3.1 que señala que: “La persona con discapacidad tiene los mismos derechos que el resto 
de la población, sin perjuicio de las medidas específicas establecidas en las normas nacionales e 
internacionales para que alcance la igualdad de hecho. El Estado garantiza un entorno propicio, accesible y equitativo para su pleno disfrute sin discriminación”5. 
 
5.- Como segunda medida y con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Convención, con fecha 04 de septiembre de 2018, se promulgó el Decreto Legislativo Nº 1384 que reconoce y regula la Capacidad Jurídica de las Personas con Discapacidad en Igualdad de Condiciones, modificando, incorporando y derogando una serie de artículos del Código Civil y del Código Procesal Civil; es así que la modificatoria en su artículo 3° señala que la capacidad de ejercicio solo puede ser restringida por ley y que las personas con discapacidad tienen capacidad de ejercicio en igualdad de condiciones en todos los aspectos de la vida, independientemente de si usan o requieren de ajustes razonables o apoyos para la manifestación de su voluntad, los cuales serán designados o solicitados a su libre elección, ello dentro del marco establecido en el artículo 3º del citado Decreto6. Las personas con discapacidad tienen capacidad de ejercicio en igualdad de condiciones en todos los aspectos de su vida”7; de igual manera, el artículo 42: reconoce la Capacidad de ejercicio plena, y establece que toda persona mayor de dieciocho años, tiene plena capacidad de ejercicio, incluyendo a todas las personas con discapacidad, es decir, en igualdad de condiciones con las demás y en todos los aspectos de la vida, independientemente de si estas requirieran de ajustes razonables o apoyos para la manifestación de su voluntad; 
 
                                                 5 Artículo 2 de la Convención de Personas con Discapacidad 6 Incorporación del Capítulo Cuarto al Título II de la Sección Cuarta del Libro III del Código Civil 7 Artículo modificado por el D. Leg. N° 1384 
6.- Sobre el acceso a apoyos y la excepcionalidad en la designación de apoyos por el Juez. Según nuestro ordenamiento civil y la persona mayor de edad puede acceder de manera libre y voluntaria a los apoyos y salvaguardias que considere pertinentes para coadyuvar a su capacidad de ejercicio. A su lado de la libre y voluntaria designación de apoyos, coexisten los casos de personas mayores de edad que deben recurrir a apoyos obligatorios para coadyuvar a su capacidad de ejercicio. Así, el artículo 45 B, inciso 2°, del Código Civil establece que las personas con discapacidad que no puedan manifestar su voluntad podrán contar con apoyos y salvaguardias designados judicialmente. Mientras que el artículo 659-E del Código Civil, reconoce la modalidad de apoyos obligatorios para el caso de personas mayores de edad que no manifiestan o expresan su voluntad después de haber hecho esfuerzos y ajustes necesarios y razonables. La mencionada norma legal, prevé que: "El Juez puede determinar, de modo excepcional, los apoyos necesarios para las personas con discapacidad que no puedan manifestar su voluntad y para aquellas con capacidad restringida, conforme al numeral 9 del artículo 44. Esta medida se justifica, después de haber realizado esfuerzos reales, considerables y pertinentes para obtener una manifestación de voluntad de la persona, y de habérsele prestado las medidas de accesibilidad y ajustes razonables, y cuando la designación de apoyos sea necesaria para el ejercicio y protección de sus derechos. El Juez determina la persona o personas de apoyo tomando en cuenta la relación de convivencia, confianza, amistad, cuidado o parentesco que exista entre ella o ellas y la persona que requiere apoyo. En todos los casos, el juez debe realizar las diligencias pertinentes para obtener la mejor interpretación posible de la voluntad y preferencias de la persona y atender a su trayectoria de vida (...)" 
 
7.- Con relación a la figura jurídica de apoyos el artículo 6598 "B" del Código Civil señala que, son las formas de asistencia libremente escogidas por una persona mayor de edad para facilitar el ejercicio de sus derechos, incluyendo el apoyo en la comunicación, en la comprensión de los actos jurídicos y de las consecuencias de estos, y la manifestación e interpretación de la voluntad de quien requiere el apoyo. A la vez que éste apoyo no tendrá facultades de representación salvo en los casos en que ello se establezca expresamente por decisión de la persona con necesidad de apoyo o que también sea establecido por el juez. 
 
Asimismo el artículo 659° literal "E" del Código Civil, establece: "El juez puede determinar, de modo excepcional, los apoyos necesarios para las personas con discapacidad que no puedan manifestar su voluntad y para aquellas con capacidad de ejercicio restringida, conforme al numeral 
                                                 8 Artículo 659-B.- Definición de apoyos Los apoyos son formas de asistencia libremente elegidos por una persona mayor de edad para facilitar el ejercicio de sus derechos, incluyendo el apoyo en la comunicación, en la comprensión de los actos jurídicos y de las consecuencias de estos, y la manifestación e interpretación de la voluntad de quien requiere el apoyo. El apoyo no tiene facultades de representación salvo en los casos en que ello se establezca expresamente por decisión de la persona con necesidad de apoyo o el juez en el caso del artículo 659-E. Cuando el apoyo requiera interpretar la voluntad de la persona a quien asiste aplica el criterio de la mejor interpretación de la voluntad, considerando la trayectoria de vida de la persona, las previas manifestaciones de voluntad en similares contextos, la información con la que cuenten las personas de confianza de la persona asistida, la consideración de sus preferencias y cualquier otra consideración pertinente para el caso concreto. (*) RECTIFICADO POR FE DE ERRATAS 
9 del artículo 44. Esta medida se justifica, después de haber realizado esfuerzos reales, considerables y pertinentes para obtener una manifestación de voluntad de la persona, y de habérsele prestado las medidas de accesibilidad y ajustes razonables, y cuando la designación de apoyos sea necesaria para el ejercicio y protección de sus derechos. ...". En tal sentido se tiene que para la designación de apoyo de manera excepcional, esto es que el apoyo sea nombrado por un juez, es un requisito que la persona con discapacidad no pueda manifestar su voluntad, por lo tanto en la presente resolución debe dilucidarse dicha situación. 
 
CUARTO:  CUESTIÓN EN DISCUSIÓN.- Determinar si  la señora CARMEN ANTONIA RIMAC MOLINA, de 78 años de edad requiere la designación de apoyo por excepción de conformidad a lo dispuesto en el artículo 659 "E", del Código Civil, articulo incorporado por el Decreto Legislativo N° 1384, publicado el 04 de setiembre del 2018. 
 
QUINTO: Doña Mónica Carmen Solís Rímac, interpone demanda de Designación de Apoyo Judicial y Salvaguardia de su madre Carmen Antonia Rímac Molina, y se designe como Apoyo a la recurrente;  
 
EN CUANTO A LA CONDICION DE DISPACIDAD 
 
SEXTO: El artículo 42 del Código Civil indica que toda persona mayor de 18 años tiene plena capacidad de ejercicio. Esto incluye a todas personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás y en todos los aspectos de la vida, independientemente de si usa o requieren de ajustes razonables o apoyos para la manifestación de su voluntad. 
 
SETIMO: En el caso de autos tenemos que doña  MONICA CARMEN SOLIS RIMAC, solicita designación de apoyo y salvaguardia en favor de su señora madre  CARMEN ANTONIA RIMAC MOLINA, a efectos que pueda encargarse del ejercicio y protección de sus derechos, así como del cuidado de su persona y bienes que posee, funda su pedido en razón que su madre no puede expresar su voluntad por cuanto padece de Trastorno Demencial siendo su estado irreversible, este diagnóstico se corrobora con el Certificado Médico, de fecha 22 de agosto de 2019 suscrito por el Médico Psiquiatra Luis Apaza Mamani (véase folios 3) que concluye como diagnóstico "Trastorno Demencial F03 X", asimismo en la ratificación del informe médico el psiquiatra tratante dijo: que se ratifica completamente en su contenido y firma, siendo que lo expresado en dicho certificado es lo mismo que acontece respecto de la persona con discapacidad, indicando que la paciente presenta deterioro de la memoria, de la atención, concentración, comprensión al momento de la evaluación, por lo que progresivamente se ha ido deteriorando tanto física como mentalmente; en consecuencia por dicho motivo no es consiente ni responsable de sus actos, requiere supervisión, y cuidados médicos de por vida ya que su enfermedad es irreversible y degenerativa, asimismo depende de terceros para satisfacer sus necesidades vitales”. En consecuencia se encuentra acreditada la discapacidad de doña Carmen Antonia Rímac Molina. 
 
 
 
 
EN CUANTO A LA DESIGNACIÓN DE APOYO:  
 
OCTAVO: El artículo 659-D del Código Civil precisa que la persona mayor de edad que requiera de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica puede designarlo ante un notario o un juez competente. Del mismo modo conforme prescribe el artículo 659-B del mismo cuerpo de Leyes, los apoyos son formas de asistencia libremente elegidos por una persona mayor de edad para facilitar el ejercicio de sus derechos, incluyendo el apoyo en la comunicación, en la comprensión de los actos jurídicos y de las consecuencia de éstos, y la manifestación e interpretación de la voluntad de quien requiere el apoyo. El apoyo no tiene facultades de representación salvo en los casos en que ello se establezca expresamente por decisión de la persona con necesidad de apoyo o el juez en el caso del artículo 659-E. 
 
NOVENO: Las personas con discapacidad que no pueden manifestar su voluntad. El artículo 45-B inciso 2 del Código Civil indica que "Las personas con discapacidad que no pueden manifestar su voluntad podrán contar con apoyos y salvaguardias designados judicialmente”.  Del mismo modo el artículo 659-E, del mismo cuerpo normativo, indica que "El juez puede determinar, de modo excepcional, los apoyos necesarios para la persona con discapacidad que no pueden manifestar su voluntad (...) El proceso judicial de determinación de apoyos excepcionalmente se inicia por cualquier persona con capacidad jurídica". 
 
DECIMO: En cuanto a la determinación del apoyo, podemos apreciar que la demandante Mónica Carmen Solís Rímac tiene la condición de hija de la señora Carmen Antonia Rímac Molina, persona con discapacidad, conforme se puede apreciar de la partida de nacimiento a fojas 14. 
 
DECIMO PRIMERO: Que, podemos advertir que en el acto de la Audiencia de Actuación y Declaración Judicial a fojas 32-36 cuando se entrevistó a la señora Carmen Antonia Rímac Molina, persona con discapacidad y se le preguntó: ¿Para qué diga quien se encarga de su cuidado? No respondió solo atinó a mirar a su hija, la solicitante; ¿Para qué diga si está de acuerdo que su hija Mónica Carmen Solís Rímac la cuide? No respondía solo miraba, quería responder pero no podía, se podía apreciar que sentía como una presión en los labios...posteriormente se le dijo que si entendía la pregunta levante las manos...se le preguntó nuevamente si está de acuerdo que su hija la cuide, a la pregunta...levantó las manos.  Por consiguiente, se tiene que se trató de sostener una entrevista no habiendo sido posible por cuanto no muestra reacción frente al estímulo auditivo, pudiéndose apreciar que ya no pude hacer uso de sus facultades mentales, por tanto no  puede manifestar su voluntad, requiriendo siempre de un tercero que se haga cargo de su cuidado, estando a su imposibilidad de movilizarse, por lo que resulta factible designarle una persona de apoyo conforme lo solicitó la demandante, a efectos que facilite el ejercicio de sus derechos a doña Carmen Antonia Rímac Molina, pues por causas propias no puede tomar decisiones correctas sin el apoyo de alguien, por lo que necesita contar con un apoyo para poder llevarse una vida normal y para tomar decisiones correctas que le favorezcan, cabe precisar que no se identifica situación de negligencia o de incompatibilidad en la atención y cuidado. 
 
DECIMO SEGUNDO: Se aprecia que a demandante Mónica Carmen Solís Rímac, solicita que se designe como persona de apoyo de su madre Carmen Antonia Rímac Molina persona con discapacidad, a fin de que vele por ella, indica que es la persona que siempre está pendiente de la 
salud de su madre, alimentación y vestido, además precisa que quiere representar a su madre en el ejercicio de sus derechos. Por su parte  la accionante  en el acto de audiencia (véase folios 3236), se le formuló algunas preguntas y dijo: "(...) ¿Para que diga quien se encarga del cuidado de su madre y con quien vive en la actualidad? Dijo que mi persona, ¿Para qué diga cuál es la finalidad del presente proceso de Apoyo y Salvaguarda? Dijo, para poder cobrar la pensión de mi madre y la de mi padre; ¿Para qué diga a parte del cobro de la pensión que actos de apoyo realizará en beneficio de su señora madre? Dijo, su alimentación, cuidado, aseo personal, llevarla de paseo, llevarla al médico, estar pendiente de su medicación, e iniciar trámites administrativos, judiciales y notariales. Por lo reseñado se puede advertir que la señora Mónica Carmen Solís Rímac, cuenta con aptitudes para asumir el cargo de apoyo de su madre,  por cuanto es la persona que busca preservar su salud, y bienestar, lo cual ha sido corroborado por su hermana en el acto de audiencia, en consecuencia resulta  necesario, designarle una persona de su confianza toda vez que la señora Carmen Antonia estando a su edad avanzada sumado a la enfermedad que padece y a las demás enfermedades que padece agudiza su estado de salud, sin considerar los gastos que demanda su cuidado, por lo tanto la misma se encuentra dentro de la población vulnerable, conforme al artículo 2° de la Ley 30490, así mismo el artículo 5° de la Ley 30490, sobre derechos de la persona adulta mayor y deberes de la familia y del estado, tales como tener una vida digna, plena, independiente, autónoma y saludable. Vivir en familia y envejecer en el hogar y en comunidad. Una vida sin ningún tipo de inconvenientes. Este reconocimiento también encuentra respaldo en tratados internacionales sobre derechos humanos. Así, tenemos los artículos 13 y 14, inciso g), de la Convención 1 sobre laminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer; el artículo 12, inciso 5, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; y recientemente, el artículo 30 de la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las Personas Mayores.  En esa misma línea, en el artículo 7 de la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores se dispone que "[L]os Estados Parte en la presente Convención reconocen el derecho de la persona adulta mayor a tomar decisiones, a la definición de su plan de vida, a desarrollar una vida autónoma e independiente, conforme a sus tradiciones y creencias, en igualdad de condiciones y a disponer de mecanismos para poder ejercer sus derechos. 
 
DECIMO TERCERO: Que, de la valoración conjunta de los medios probatorios actuados y a la luz del marco doctrinario descrito, causa convicción en la Juzgadora que la señora Mónica Carmen Solís Rímac actúe como sistema de Apoyo y Salvaguarda de su señora madre Carmen Antonia Rímac Molina, por la existencia de una necesidad apremiante que atraviesa al ser una persona de avanzada edad y que presenta un cuadro de Trastorno Demencial lo que requiere tratamiento permanente, determinándose prima facie el nivel de riesgo en que se encuentra, correspondiendo actuar con la debida diligencia debiendo ponderar la razonabilidad y proporcionalidad de acuerdo con las circunstancias del caso protegiendo efectivamente la dignidad de la persona con discapacidad, quien se encuentra en situación de vulnerabilidad, quien tiene derecho a tener una calidad de vida, por lo que es su obligación velar por su bienestar  y contribuir en todos los asuntos que le conciernen, quien en lo demás coadyuvará a sostener la calidad de vida para la persona discapacitada, bajo las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar en caso de incumplimiento. En ese contexto, lo expuesto es congruente considerando ello la potestad discrecional que la ley otorga al juzgador, en aras de su “Interés Superior”, mejor calidad de vida. Consecuentemente, en sede jurisdiccional ningún análisis puede desarrollarse sin verificar el 
respeto a la dignidad del hombre para que el propio individuo pueda lograr el desarrollo de su personalidad y la libre elección de sus planes de vida; en tales términos, la persona está consagrada como un valor superior; resulta el de mayor connotación y se erige en el presupuesto ontológico para el goce de los demás derechos, ya que el ejercicio de cualquier derecho, prerrogativa, facultad o poder no tiene sentido o deviene inútil ante la inexistencia de vida física de un titular al cual puedan serle reconocidos oportunamente.  
 
DECIMO CUARTO: Entonces, acreditada la discapacidad de la señora Carmen Antonia Rímac Molina y atendiendo a la relación de parentesco, convivencia, confianza y cuidado entre doña Mónica Carmen Solís Rímac y su madre doña Carmen Antonia Rímac Molina, persona con discapacidad; resulta factible que doña Mónica Carmen Solís Rímac  sea la persona de apoyo de su señora madre  Carmen Antonia Rímac Molina persona con discapacidad. 
 
DECIMO  QUINTO: A efectos de fijar la extensión y límite del apoyo, teniendo en cuenta el grado de discapacidad de la persona, se tiene que en el presente caso, la persona con discapacidad no puede manifestar su voluntad, es de aplicación lo establecido en el inciso 2 del artículo 45-B  y artículo 659-E del Código Civil, esto es, las personas con discapacidad que no manifiestan su voluntad pueden contar con personas de apoyo, y el juez puede determinar, de modo excepcional, los apoyos necesarios; por ello, para el cuidado de la persona con discapacidad, asuntos relacionados con su salud, tratamiento de su enfermedad, trámites judiciales y administrativos y/o cualquier otro beneficio que le corresponda, y cobro de la pensión de invalidez a que pudiera tener derecho. 
 
DE LAS SALVAGUARDAS 
 
DECIMO SEXTO: Siendo una facultad del juez determinar las salvaguardas para el adecuado desempeño de los apoyos conforme lo dispone el artículo 659 "G" segundo párrafo del Código Civil, corresponde en el presente caso disponer que el designado como apoyo de doña Carmen Antonia Rímac Molina informe cada medio año y durante todo el periodo de su designación, sobre las gestiones de custodia y administración del dinero como pensiones u otros beneficios de los que fuera sujeto de derecho, con respecto al apoyo para atender sus necesidades básicas se debe ordenar visitas inopinadas por parte de los profesionales del Equipo Multidisciplinario Del Módulo de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima. 
 
DECIMO SETIMO: En relación a las costas y costos, no habiendo existido contradicción de la parte demandada y estando a la naturaleza de la pretensión, de conformidad a lo establecido en el artículo 412 del Código Procesal Civil corresponde exonerar de las costas y costos a la parte demandada. 
 
 
IV. DECISIÓN: 
 
Estando a los considerandos precedentes, y a las normas legales citadas; la señora Juez del Octavo Juzgado de Familia de Lima, administrando justicia a nombre de la Nación;  
 
                                                  FALLA: 
 
PRIMERO.- DECLARAR FUNDADA la SOLICITUD DE APOYO interpuesta por doña MONICA CARMEN SOLIS RIMAC A FAVOR DE SU MADRE CARMEN ANTONIA RIMAC MOLINA. 
 
SEGUNDO.- DESIGNAR como APOYO de  la señora  CARMEN ANTONIA RIMAC MOLINA, a doña  MONICA CARMEN SOLIS RIMAC, identificada con DNI N° 08881296 en su condición de HIJA, quien se encargará de dar estricto cumplimiento a: 
 
1. BRINDAR APOYO en los trámites del procedimiento administrativo de algún cobro de pensión, viudez, invalidez u otros beneficios del que fuera sujeto de derecho ante la Oficina de Normalización Previsional, y/o cualquier entidad pública o privada, hasta la culminación del mismo y su correspondiente administración del dinero. 
 
2.- BRINDAR APOYO para el cuidado de la persona con discapacidad antes mencionada, asuntos relacionados con su salud, tratamiento de su enfermedad, bienes y derechos de la incapaz, además para la obtención y cobro de pensión que pudiera tener derecho, trámites judiciales y administrativos, notariales y/o cualquier otro beneficio que le corresponda ante cualquier entidad pública o privada, quedando establecido que los apoyos no puede exceder las facultades previstas en el artículo 659-B del Código Civil, siendo esta la salvaguardia para garantizar el respeto de los derechos de la persona que recibe el apoyo, bajo las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar en caso de incumplimiento. 
 
3. BRINDAR APOYO para realizar sus necesidades básicas, hasta cuando no lo requiera. 
 
SEGUNDO.- Disponer como salvaguardias: 1. Que la Asistenta Social adscrita al Equipo Multidisciplinario Del Módulo de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima emita informe cada dos meses por el periodo de seis meses y luego cada tres meses por el periodo de un año debiendo incidir en condición socio económica y familiar, condiciones de salud, condiciones de vivienda, seguimiento y/o supervivencia. 
 
2. Que, EL APOYO informe cada SEIS MESES, durante todo el periodo de su designación, sobre las gestiones de custodia y conservación de los bienes muebles e inmuebles del asistido, así como del cobro de las pensiones a los que fuera sujeto de derecho. 
 
TERCERO.- Disponer que la presente resolución se inscriba en el Registro Personal conforme al numeral 9 del artículo 2030 del Código Civil. 

 
CUARTO.- ELÉVESE en consulta en el caso de no ser apelada la presente a la Sala de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2) del Artículo 408 del Código Procesal Civil. Ejecutoriada que sea la presente expídanse partes al Registro Personal de los Registros Públicos de Lima, previo pago de la tasa judicial correspondiente.  
 
QUINTO.- EXONERANDO del pago de las costas y costos a la parte vencida por la naturaleza de la pretensión. Notifíquese.  

GIOCONDA CARDENAS
© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS 2016

Power by dezain.com.pe